El Comercio

Mining Activity Faces Obstacles

With the fluctuation of the price of crude, the Government has set its sights on another extractive activity: mining.

Initially the Government was thinking about investing 7,056 million dollars for 2009. However, the financing of this sector depends on the fluctuation of the price of oil.

In search of new sources of revenue, the Government announced that the project of Mining Law will be one of the first to be sent to Congress.

The purpose of the Law is to regain revenue for the Treasury once the mines are worked, a benefit that was eliminated in 2002. They also raised the issue of renegotiating the conditions for developing the mines.

This last issue involves signing contracts. This is a mechanism that changes the model of simply handing out mining rights.

On the agenda are four projects in the hands of Canadian miners that have the potential of 110,000 dollars. These are: the Fruta de Norte project by Aurelian; Río Blanco by IMC; Mirador by Ecsa; and IAMGold by Quimsacocha.
These projects would put the country on the mining map of the world. However, the Government will encounter more obstacles on the way. This is because the Constitution approved on September 28 establishes a series of rights for the communities that can, in the long run, become an obstacle for the activity.

According to the same article, only special resources could be exploited by petitioning the President and by a prior declaration of national interest on the part of the Assembly, which, if deemed convenient, could organize a public meeting.

According to energy expert Luis Calero, this would hold back or at least delay mining and oil activities.

Chiriboga said that in effect he would need an analysis of the subject in order to determine which projects affect the protected zones.

Another area affected would be the area of Ishpingo in the Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT) Oil Block. This part of the block would remain outside, although it is located directly in the Yasuní protected area.

The exploitation of this block is on the agenda, although it depends on whether the international community hands over the resources to avoid this intervention.

But that is not the only problem. According to Calero, the new Constitution established a series of measures to protect the “rights of nature.” Any person can go before a judge to request precautionary measures or Protective Action, as established in Articles 87 and 88 of the Constitution.

For Chiriboga, you cannot take these principles to be so open. “They need laws to regulate them,” he said.

______________________________

EN ESPAÑOL

La actividad minera enfrentará barreras

El vaivén del precio del crudo ha puesto en la mira del Gobierno a otra actividad extractivista: la minería.
De manera inicial, el Gobierno contemplaba un gasto de inversión de USD 7056 millones para el 2009. Sin embargo, el financiamiento de ese rubro depende actualmente de la fluctuación del precio del petróleo.

En busca de nuevas fuentes de financiamiento, el Gobierno anunció que el proyecto de Ley Minera será uno de los primeros en ser enviados al ‘Congresillo’.

El proyecto de Ley plantea recuperar las regalías para el Fisco una vez que se exploten esos proyectos, un beneficio que se eliminó en el 2002. También plantea la renegociación de las condiciones de explotación de los proyectos.

Para esto último plantea la firma de contratos. Este es un mecanismo que cambia el actual modelo de simple entrega de títulos mineros.

En la agenda del Régimen, están cuatro proyectos estrella en manos de mineras canadienses, que tienen un potencial de USD 110 000 millones. Estos son: el proyecto Fruta del Norte, a cargo de Aurelian; Río Blanco, a cargo de IMC; Mirador, de Ecsa; y IAMGold, de Quimsacocha.

Estos proyectos pondrían al país en el mapa minero mundial. Sin embargo, el Gobierno podría encontrar más de un obstáculo en su camino. Esto porque la Constitución aprobada el 28 de septiembre establece una serie de derechos para las comunidades, que pueden, a la larga, constituir una traba para la actividad.

El artículo 407 de la Constitución, por ejemplo, prohíbe las actividades extractivistas en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.

Según el mismo artículo, solo excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición de la Presidencia y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea, que de estimarlo conveniente incluso podrá convocar a consulta popular.

Según el experto en materia energética, Luis Calero, ello frenaría o, al menos, retrasaría a las actividades mineras y petroleras.

Chiriboga dijo que, en efecto, es necesario un análisis del tema a fin de definir qué proyectos afectan a zonas protegidas.

Otra área afectada sería el área de Ishpingo del bloque petrolero Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT). Esta parte del bloque quedaría fuera, pues entra directamente en el área protegida del Yasuní.

La explotación de este bloque está en agenda, aunque condicionada a que la comunidad internacional entregue los recursos que eviten su intervención.

Pero no es el único problema. Según Calero, la nueva Constitución establece una serie de recursos para proteger los denominados “derechos de la naturaleza”, cualquier persona en su representación puede acudir ante jueces para solicitar medidas cautelares o la Acción de Protección, establecidas en los artículos 87 y 88 de la Constitución.

Para Chiriboga, no se puede tomar estos principios en forma tan abierta, “requieren de leyes que los regulen”, reconoció.